NOTA DE PRENSA, DIÓCESIS DE SALAMANCA

 

            El proceso de Paz en el País Vasco

                       

                         Monseñor. Carlos López, Obispo de Salamanca

 

 

El tratamiento de este tema por un obispo sólo puede tener el fin de  ofrecer a los fieles criterios para una valoración moral en conformidad con la doctrina de la Iglesia. Se trata de una pretensión no exenta de dificultad.

 

            La primera dificultad se encuentra en la diversidad de los lenguajes con los que los diferentes grupos de intereses plantean la cuestión. Desde el Gobierno de España se habla de proceso de paz para cumplir la obligación moral de poner fin al terrorismo y garantizar la vida y la libertad de los ciudadanos; y siempre se ha insistido en que de ninguna manera el diálogo o negociación con los terroristas llevará consigo contraprestación política alguna. Desde la oposición política se habla habitualmente del “mal llamado proceso de paz”, visto como una concesión o rendición del Estado ante las exigencias políticas de los terroristas. Y desde el ámbito de ETA y del nacionalismo vasco se presenta el proceso de paz como una forma dialogada o democrática de “solución  del conflicto”.

 

            La expresión “solución del conflicto” es típica de los planteamientos de  ETA y del nacionalismo que considera que la raíz de la falta de paz está en una especie de violencia originaria que el Estado español vendría históricamente ejerciendo sobre el pueblo vasco, al privarle de sus legítimos derechos de soberanía nacional. Esta es la justificación ideológica que ETA esgrime para legitimar políticamente su acción violenta.

 

            La Conferencia Episcopal Española aprobó en noviembre del año 2002 una   Instrucción Pastoral titulada Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias”. En ella se hace un análisis muy detenido del terrorismo de ETA y del nacionalismo totalitario que constituye su trasfondo. Y se hace una condena moral sin paliativos de este terrorismo como intrínsecamente perverso, nunca justificable, y como una estructura de pecado que, mediante la propaganda ideológica y la manipulación del lenguaje, consigue con frecuencia una perversión sistemática de las conciencias. La lectura o relectura de este documento es muy recomendable en las actuales circunstancias; también por los criterios que ofrece para valorar moralmente   la relación entre nación y Estado.

 

            En esta Instrucción Pastoral se expone la postura oficial de la Iglesia en España que es referible al actual proceso de paz. Se reconoce que “las dificultades para acabar con el terrorismo y construir la paz son grandes”,  que se trata de “un asunto tan arduo como urgente”. Y se afirma que “es necesario que todos nos comprometamos en la construcción de la paz” (37). Y más concretamente se dice: “Ante cualquier problema entre personas o grupos humanos, la Iglesia subraya el valor del diálogo respetuoso, leal y libre como la forma más digna y recomendable para superar las dificultades surgidas en la convivencia: Al hablar del diálogo no nos referimos a ETA, que no puede ser considerada como un interlocutor político de un Estado legítimo, ni representa políticamente a nadie, sino al necesario diálogo y colaboración entre las diferentes instituciones sociales y políticas para eliminar la presencia del terrorismo, garantizar firmemente los legítimos derechos de los ciudadanos y perfeccionar, en lo que sea necesario, las formas de organizar la convivencia en libertad y justicia.” (40).

 

            El diálogo del que ha de excluirse a ETA por imperativo moral es el orientado a negociar acuerdos que afecten a la futura configuración política de cualquier territorio de España o a los derechos de las personas garantizados por la Constitución.

 

            En el caso del terrorismo, que es  distinto de la guerra, el logro de la paz depende sólo de la decisión de los terroristas de poner fin a su ejercicio de la violencia. Con eso ya hay paz. La posible organización mejor de la convivencia en libertad y justicia es una tarea a realizar con el diálogo de las legítimas instituciones sociales y políticas, a través   de procesos realizados en conformidad con el orden constitucional.

 

            La búsqueda de la paz no es privilegio de ningún grupo político. Y es legítima, y puede ser igualmente moral, la pluralidad de medios en orden a su consecución. Por ello, nadie está moralmente legitimado a considerar enemigo de la paz a quien no está de acuerdo con los medios que él quiere emplear para lograrla.

 

            En los juicios morales hay que tener en cuenta los principios normativos y las situaciones de hecho. Cuando éstas no se conocen con certeza, cuándo hay más temores y sospechas que información fiable, no es posible el juicio moral. Y el mismo juicio político queda sin la debida referencia. Tal situación favorece la confusión y la desconfianza de los ciudadanos, la propaganda política desinteresada de la verdad y ajena a los principios morales o éticos, la falta de respeto a las legítimas y plurales opciones políticas. Estamos necesitando transparencia y veracidad informativa, mesura en los juicios, respeto a las normas morales o éticas, observancia del marco legal, justicia y misericordia. Y necesitamos orar para que Dios convierta los corazones y   nos conceda el don de la paz.