PREGUNTAS SOBRE EL DINERO DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

Siempre que se quiere atacar a la Iglesia Católica se recurre con harta frecuencia al tema económico. Es como tocar la “bicha”. El español medio no tiene una gran cultura económica,  y por ello, a los enemigos de la Iglesia Católica les resulta fácil hablar de dinero y conseguir su objetivo, que no es otro que dejar la duda y la sospecha de que detrás de la Iglesia se esconden intereses turbios, privilegios de poder, chanchullos políticos, negocios encubiertos y financiaciones poco claras… Toda una serie de típicos tópicos que hábilmente  manipulados, mezclados indiscriminadamente y hábilmente vociferados, consiguen crear la sensación de que hay algo ilegal, injusto y  poco evangélico. Por ello, queremos comentar aquí algunas de esas ideas estereotipadas que circulan cíclicamente sobre la economía de la Iglesia en España, y más en concreto, en su relación con el Estado.

Pregunta 1ª:

¿Es la Iglesia económicamente una gran MULTINACIONAL?

Totalmente falso. La Iglesia católica no es una entidad multinacional, ni jurídica ni administrativamente. En España hay aproximadamente unas 40.000 entidades religiosas católicas distintas: parroquias, órdenes, movimientos, asociaciones, fundaciones, organizaciones, diócesis... Ahora bien, la mayoría de ciudadanos ignoran que cada una de estas entidades tiene su propio estatuto económico, que son totalmente independientes y que cada una lleva sus propias cuentas. Y por supuesto, en plena consonancia con las leyes civiles vigentes en España y de lo prescrito en el derecho canónico de la Iglesia. Por eso, el ecónomo de un obispado no tiene nada que ver con el de una ONG católica o con el de una parroquia. Así pues, cuando se habla “del dinero de la Iglesia” de una forma global, indiscriminada, sin distingos ni matizaciones, se está diciendo algo tan indefinido y tan sin sentido, como si hablase genéricamente de… "el dinero de la sociedad civil". En la Iglesia  hay pues muchas entidades distintas, de muy distinta índole y con muy diversas funciones, pero no hay una caja común, ni un sujeto físico “dueño” de todas las distintas cuentas, cantidades o fondos.  Por tanto, seamos honestos, rigurosos, y si además somos católicos… ¡por favor, no caigamos como ingenuos en semejante patraña dialéctica!

Pregunta 2ª: ¿No es España el único país de Europa en que el Estado aún subvenciona a la Iglesia?

Igualmente falso. Veamos. En primer lugar no es el Estado quien subvenciona, sino que son los ciudadanos quienes libremente asignan una cantidad de dinero a la Iglesia mediante la famosa "crucecita" del IRPF. Conviene no olvidar que éste es el único impuesto que voluntaria y democráticamente decidimos de forma directa los ciudadanos. Así pues, alto y claro que no es el Estado quien da este dinero a la Iglesia, sino los ciudadanos. El Estado lo único que hace es “ayudar a recaudarlo, gestionarlo y distribuirlo”. Por cierto, y en este sentido… ¿por qué no permite el Estado la creación de una comisión mixta Iglesia-Estado que gestione estas aportaciones y las verifique de forma fehaciente, tanto en el número como en las cantidades aportadas? Uno no entiende muy bien el por qué tiene la Iglesia que “fiarse” del Estado, máxime cuando en este asunto, es él –el Estado-quien manera reiterada y demagógica, suele lanzar estas acusaciones infundadas y quien se muestra reticente y amenazador contra este procedimiento.

Por otro lado, resulta también pertinente aclarar que, lo que el Estado aporta a la Iglesia de forma directa, no es más que el complemento (30%) que resta una vez que los españoles ya han aportado su asignación (70% del total) a través de la declaración de la renta del IRPF. Por tanto… ¿Qué hay en ello de privilegio o cuchipanda financiera por parte de la Iglesia?  ¿No es algo que está aprobado y votado mayoritariamente por todos los ciudadanos?  En 2005, por ejemplo, y siempre fiándonos del “Estado”, sobre un total de 110 millones de euros, los ciudadanos han aportado globalmente –y ello, porque les ha venido en gana-, 75 millones de euros; restarían pues, 35 millones para alcanzar esa autofinanciación; estos son los que realmente aportaría el Estado. Es obvio que ante esta situación –y dado que siempre ciertos sectores laicistas terminan recriminando esto como privilegio a la Iglesia-, que bastaría con elevar el actual 0,5% al 0,7% de asignación voluntaria de los ciudadanos, para que el Estado definitivamente no tuviera que “aportar nada” directamente a la Iglesia. Así pues, tan sencillo como eso: pura decisión y conducta democrática. Entonces… ¿Por qué no se hace? ¿Qué interés puede tener el Estado en que esto no se lleve a cabo? ¿Por qué no se explica la situación de manera clara y sencilla a los ciudadanos? ¿No será tal vez, que no se quiere perder ese 30% por parte del Gobierno, para así tener siempre una posibilidad de chantaje negociador o de mordaza dialéctica y argumentativa frente a la Iglesia? ¿O es más bien un siempre útil y socorrido comodín electoral para el pueblo no versado en temas económicos?

MITO 3: El "sistema alemán" de financiación de la Iglesia ¿No es una alternativa que propone el Gobierno para superar esta situación?

Falso. ¡Ojalá! Distintas personalidades cercanas al partido en el gobierno (PSOE) han propuesto recurrir a un sistema "similar al alemán", dado que de esta manera sí sería realmente un “impuesto religioso voluntario y adicional” donde el Estado haría de mero recaudador. Ciertamente,  en Alemania, cada ciudadano con capacidad fiscal, por el sólo hecho de estar bautizado, destina automáticamente a su iglesia (católica o protestante) una cantidad adicional de un 9% sobre lo que paga a Hacienda (un 8% en Baviera y Baden-Wutenberg). Incluso de ese dinero, la administración alemana se queda entre un 2 y un 4,5% de comisión según el Land. Sólo se libran de pagar aquellos que renuncian a su fe mediante declaración de apostasía. Según este sistema, en el año 2003, la Iglesia católica de Alemania -la mejor de Europa económicamente hablando-, ingresó por la vía del Impuesto sobre la Renta, casi 4.500 millones de euros. Cualquier intento de similitud con nuestro sistema de asignación no aguantaría una mínima comparación (Nótese el contraste con los 141 millones que recibirá la Iglesia española por la "crucecita" del IRPF este año 2005).

A la luz de todo esto: ¿Realmente, el Gobierno socialista desea implantar este sistema en España? Tengo mis  más que fundadas dudas al respecto; ahora bien, creo que para la mayoría de ciudadanos de este país, católicos y no católicos, el sistema sería plenamente satisfactorio. Así pues, ¡Adelante con los faroles!

MITO 4: ¿Pero, por qué no se autofinancia la Iglesia en España? ¿Por qué se saca siempre el argumento de las expropiaciones del pasado?

En España el Estado tiene una larga tradición de confiscar bienes eclesiales. Siempre que al Estado le ha faltado dinero, ha resultado demasiado fácil y recurrente el confiscar cosas a la Iglesia. Sin ánimo de un exhaustivo análisis histórico, comenzar diciendo que de manera absolutamente arbitraria y alentada con intereses puramente ideológicos, este proceder expropiatorio se inicia  ya en 1768 (Reforma de Olavide), cuando se expulsó a los jesuitas y se decidió confiscar sus tierras. Poco después, justo antes de la Guerra de Independencia (desamortización de Godoy), se confiscaron los bienes de hospitales, hospicios, casas de misericordia y cofradías, casi todas ellas entidades eclesiales. En 1808 era José Bonaparte, el hermano de Napoleón, quien hacía igualmente confiscación de bienes eclesiales. En 1823 fueron las Cortes de Cádiz, decretando la reducción a un tercio del número de monasterios y conventos. De 1834 a 1854, se ejecutó la tan siempre famosa Desamortización de Mendizábal, mediante la cual se confiscaron todas las propiedades de monjes y frailes y parte de las del clero secular. Y para no ir a la zaga, en 1855 la Ley Pascual Madoz resultó ser aún más completa, y por ello, se confiscaron de manera completa los bienes del clero, tanto regular como secular. Y es de todos sabido, a donde fueron a parar estos bienes confiscados: enriquecieron sobre todo a la burguesía urbana y rural. Hoy, más eficaz que expropiar es amenazar una y otra vez a la Iglesia con dificultar su financiación.

Es curioso –por no decir patético-, seguir hoy escuchando en pleno siglo XXI, los mismos sermones expropiatorios. Baste enumerar algunos eventos puntuales al respecto: el 27 de diciembre de 2004, uno de los portavoces del tripartito catalán, Joan Boada (IC-V-EUA) pedía en el Diari de girona "una confiscación y posterior socialización de los bienes de la Iglesia"; en mayo de 2002, el arquitecto Oriol Bohigas, ex-concejal y actual asesor del alcalde socialista de Barcelona, pedía "que la Sagrada Familia sea el vestíbulo de la estación del Tren de Alta Velocidad"; en el 2003 el Ayuntamiento de Córdoba (IU) quería expropiar un huerto a un convento carmelita, pero 40.000 firmas y una oleada de e-mails pararon la medida; lo mismo intentó el ayuntamiento de León (PSOE) en el 2004 con sus carmelitas descalzas, con la consiguiente oleada de quejas ciudadanas. En Esplugues (Barcelona), el Ayuntamiento (PSOE) de igual manera que sus ayuntamientos hermanos de ideología, también este año pasado (2005) acosaba con deshaucios y expropiaciones a un monasterio de dominicas, hecho que de nuevo se volvió a paralizar ante la presión ciudadana. Así pues, la moda por el deshaucio a los conventos de monjas, parece ser la nueva cara o la progre  versión moderna, de la actual corriente laicista expropiatoria.

MITO 4: Pero, con esos 141 millones… ¿no puede la Iglesia financiarse? ¿Es que no son cantidades más que suficientes para mantenerse?

Pues no; ciertamente no. De entrada hay que decir que la Iglesia aporta a la sociedad mucho más de lo que recibe del Estado. Por ejemplo, citemos dos asociaciones representativas de la labor social de la Iglesia: Cáritas gasta en ayuda social más de 100 millones de euros de sus recursos propios, y Manos Unidas, cerca de 40 millones. Solamente estas dos asociaciones ya superan con mucho todo lo aportado por el Estado. Si tuviéramos que incluir aquí toda la enorme cantidad de grupos, asociaciones y personas que la Iglesia Católica atiende directamente (esos 107 hospitales, 128 ambulatorios, 876 centros para enfermos crónicos, terminales y ancianos, con un total de 51.312 camas)… ¿A cuánto alcanzaría la cantidad que el Estado debería otorgar para que cubriese esas labores sociales que otorga gratuitamente la Iglesia?  Hay quien ha hecho un cálculo aproximado, y lo ha fijado a la baja en términos económicos, en una cantidad cercana a los 6 mil millones de euros para que funcione eficazmente.

Pero no acabaría aquí la cuestión, pues… ¿Que le costaría al Estado las plazas escolares en la escuela religiosa concertada? Si fuese de propiedad pública esta enseñanza, la cantidad rebasaría con mucho, los 1.000 millones de euros. Naturalmente a todo esto cabría añadir aún otros muchos servicios vitales que, aunque difíciles de cuantificar, también son costosos para la Iglesia; por ejemplo, la atención a los presos (la Pastoral Católica atiende a 48 mil personas).  Y así podríamos seguir con otros ejemplos, como el de la avalancha migratoria, pues… ¿quién ayuda cada día a miles de estos inmigrantes? ¿Dónde se refugian? ¿En los organismos del Estado? La gran mayoría, obviamente no. Se acogen en  parroquias y organizaciones de  Iglesia. ¿Cuánto valen todos estos servicios sociales a medida, no burocráticos, que presta la Iglesia?

MITO 5: Y en cuanto a las exenciones fiscales… ¿No goza aquí la Iglesia Católica de privilegios?

Pues también aquí hay que decir bien alto un no rotundo. El régimen fiscal vigente para la Iglesia católica en España deriva, en todo lo básico, de la Ley de Fundaciones aprobada en 1994; según esta Ley, se establecen una serie de beneficios aplicables a todas las fundaciones y a las asociaciones de utilidad pública, quedando incluida la Iglesia católica y las demás confesiones que tengan suscritos acuerdos de colaboración con el Estado. O sea, que de trato especial y específico, ninguno o, al menos, no distinto en lo fundamental del que tiene no ya cualquier confesión religiosa, sino cualquier fundación. Un ejemplo de ello es la reducción del Impuesto de Sociedades en un 10 por ciento. La ley distingue claramente entre aquellos ingresos procedentes de actividades propiamente religiosas, que están exentas al igual que en las fundaciones de todo tipo, de aquellas otras que sí que deben tributar fruto de actividades empresariales, cesiones e incrementos de patrimonio, entre otros conceptos. La Iglesia paga el IVA sobre todas sus compras, excepto (eso sí) los objetos dedicados exclusivamente al culto. Si la Iglesia compra la imagen de una Virgen María, esto no tributa IVA. ¿Pero se puede hablar, en base a esta excepción, de trato privilegiado? Tampoco se aplica el IVA a las cuotas de los asociados a cualquier entidad y a nadie se le ocurre decir que esto es un trato de privilegio para las asociaciones, a pesar de que el volumen monetario que no tributa por este concepto es extraordinariamente grande. ¿Tan grave es que no se pague IVA por la compra de un cáliz o una patena? ¿Dónde están los supuestos privilegios? Porque tampoco existen en el caso del IBI, del que sólo se exime a las casas parroquiales propiedad de la Iglesia ocupadas por un sacerdote en el desempeño de su labor pastoral. Es el único caso donde tal circunstancia sucede como consecuencia de los acuerdos Iglesia y Estado de 1979. Y eso es prácticamente todo.

Si con las acusaciones de exención por IVA que se le hacen a la Iglesia, se hace referencia a  actividades como los centros educativos católicos, por pensar que son estos los que aportan más cantidad a lo que podríamos llamar el balance económico de la Iglesia, hay que decir bien alto que, quienes así acusan olvidan que la formación no paga IVA. Aquí se sobreentiende, sea formación católica, laicista, anticlerical o mediopensionista. Algunos políticos suelen salir a la arena pública  hablando de desgravaciones a la Iglesia por el Impuesto de Patrimonio; intencionada demagógicamente confunden el impuesto sobre el patrimonio con el de impuestos locales, dado que el Impuesto sobre el Patrimonio (ley 19/1991 de 6 de junio) deja claro que el sujeto pasivo de este impuesto son las personas físicas, no las jurídicas, por lo cual,   están exentos de dicha desgravación tanto la Iglesia Católica como el mismísimo Banco Santander.

Otros prefieren seguir con la confusión diciendo que tal beneficio fiscal a la Iglesia, le viene por la vía del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), popularmente conocido como contribución urbana. Argumento demagógico donde los haya, pues considerando que la Iglesia tiene sus templos en los centros de las grandes ciudades, si se le ampliara el Régimen general, lo que tendría que pagar por, pongamos la catedral de Salamanca, simplemente le llevaría a la quiebra. Por esa razón, todas las confesiones religiosas (en España está recogido en ley la exención de la contribución urbana de evangelistas, judíos e islámicos) no pagan IBI. Pero no sólo ellas. También están exentas, en materia como impuesto de sociedades y tributos locales (Ley de Mecenazgo de 2002) fundaciones, ONGs, entidades sin ánimo de lucro, federaciones deportivas, etc. Es decir, que el empeño en resaltar que sólo la iglesia se beneficia de unos privilegios fiscales es simplemente falso.

Queda, eso sí, el cepillo de la Iglesia. Por el momento, el monaguillo encargado de pasar la cesta no ofrece recibos a los dadivosos, pero no creemos que sea esto a lo que se refieren los demagogos de turno anticlericales, cuando hablan de una situación “excepcional” de la Iglesia católica. Pero es igual, lo importante aquí es difamar, sembrar la duda, acusar infundadamente, mentir…, siempre “algo queda”.

Nuestro objetivo era el poder arrojar un poco de sentido común y de luz ante tanto discurso mal intencionado, huero, vacío. Si lo hemos conseguido, bienvenido sea. De todas formas, de cara a marcar con la X en tu próxima Declaración Tributaria, queremos que te sientas también suficientemente informado. Ahora, tú decides.

Un saludo.